LA REALIDAD DE ESPAÑA EN ESTE DECENIO

España parece vivir últimamente un período de crecimiento económico notable, que marca el fin relativo de los efectos de la crisis (2007-2013) y de la pandemia (2020-2023). De caer al puesto quince en 2022 y recuperar posiciones hasta el puesto 12 (en la lista de países por PIB nominal), España tiene récord de crecimiento a nivel europeo y parece que la renta per cápita del país supera ya a la de Japón.

Sin embargo, aunque las noticias son buenas durante todo el mandato del Jefe de Gobierno español Pedro Sánchez (2018-2025 en adelante) hay que clarificar algunos puntos que demuestran que España sigue necesitando todavía un Plan Nacional Macroeconómico pactado por todas las fuerzas políticas que permita un gran crecimiento desmesurado, gobierne quien gobierne.

Primero. No hemos recuperado el PIB nominal de los mejores años de Aznar y Zapatero. Si bien la situación de éstos encubría las deficiencias del sector inmobiliario y del crash que sufriría la construcción influenciado por las subprime americanas años después, técnicamente seguimos peor que entonces. En el citado puesto 12 en lugar del 9, sin que sirvan excusas como la inflación o el modelo productivo. Todos los países han vivido cambios con la inflación, pero la realidad es la de año a año y España sigue sin estar entre los países más poderosos del mundo.

Segundo. El control de la pandemia fue relativamente eficaz, aunque llegó tarde y encima el Gobierno no ayudó a conducir mejor la situación cuando promovió la manifestación feminista que ayudaría al virus a dispersarse más de lo necesario. Tampoco que el Gobierno de coalición se obsesionara con los muertos regionales en determinadas zonas del país y obviara a los restantes muertos en idénticas condiciones pero en comunidades de su mismo color. El segundo estado de alarma fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no tanto porque no fuera necesario sino por su mala implementación. Un Gobierno que no sólo ayudó a dispersar el virus, sino que llegó relativamente tarde, como siempre, amparándose en modelos europeos (que después también se demostraron fracasados).

El uso de Sánchez de la estrategia del Falso Autonomismo Irresponsable, o dicho de otra manera, que el Presidente de Gobierno  ‘ofrezca ayudar’ a las comunidades autónomas sin inmiscuirse a tiempo para salvar vidas humanas con acciones de intervencionismo contundente (como amenazar con intervenir la comunidad, aunque al final no se haga) pero después haga responsable a la oposición de la falta de medios y soluciones porque no haya pedido a tiempo dichos medios ‘a pesar de su ofrecimiento’ (el Jefe de Gobierno tiene más información que cualquier líder autonómico y debe ejercer responsabilidad de cargo asumiendo por delante de líderes regionales la acción pública para prevenir desastres), es la máxima acción de incapacidad de Sánchez por manejar éste tipo de situaciones en beneficio de los españoles.

Esto pasó con los muertos de la COVID y con la DANA. A pesar de que Mazón debió haberse anticipado mejor y debería pagar por ello, o Ayuso haber gestionado la compra de mascarillas o la construcción del Zendal de forma más eficiente, la realidad es que el Gobierno de España ha sido inoperante A CONCIENCIA con el objetivo de dejar mal al partido de la oposición sin que le importe lo más mínimo si ésa irresponsabilidad causa o no muertos. Que los causó.

Si Sánchez hubiera actuado diligentemente muchas personas habrían salvado la vida en ambas catástrofes. No se excluye responsabilidad de Ayuso o Mazón, pero Sánchez la tenía en última instancia y TAMPOCO HIZO NADA.

La falacia de que el Gobierno no tiene competencias para solicitar tal grado de desastre en Valencia o que la gestión de las residencias en Madrid es culpa de la derecha, obvia que, aunque la derecha y concretamente el PP tengan su parte de responsabilidad, España NO ES UN ESTADO FEDERAL.

Las autonomías funcionan con competencias de GOBIERNO DEVUELTO, significando que el Gobierno puede suspenderlas en caso necesario. Como se hizo con Cataluña totalmente en 2017.

Que el Gobierno de España no presionara, no amenazara, no intentara ponerse ÉL en contacto con Madrid o Valencia y que dejara pasar el turno a la oposición como si de un Napoleón en Austelitz se tratase, deja que tu enemigo cometa todos los errores posibles, demuestra que NO QUERÍA SALVAR VIDAS SINO CONDENAR AL PP y a otros partidos al ostracismo.

No mencionaré el apagón de comienzos de año, porque sencillamente no tenía que haber pasado. Tener un país del primer mundo secuestrado durante casi 12 horas en todos los servicios públicos y que no exista un claro responsable es muestra de que se quiere tapar la causa verdadera para que no asuma responsabilidades quien tiene que hacerlo. No debió pasar; sencillamente.

La pobre estabilidad del Gobierno actual, sólo salvada en la pasada investidura por el trabajo de Yolanda Díaz uniendo a la izquierda y dando al PSOE una mayoría que no consiguió en el poder legislativo, Congreso y Senado en 2023, ha permitido un crecimiento económico notable, sí, pero que sigue sin ser suficiente para devolver a España al podio de mejores economías.

Siete años de Gobierno permiten estabilidad, la misma que permitió a Rajoy no pedir un rescate profundo de nuestra economía… Pero no es suficiente.

España arrastra males endémicos desde comienzos de siglo. Empleo precario basado en un turismo que, pese a que crece, no parece pagar buenos salarios (hay camareros que ya se rebelan por ello) y empobrece la infraestructura del país; la deuda de la Nación sigue siendo excesiva, sin que se planteen medidas para reducir sus efectos; juicios por las renovables y laudos pendientes que España sólo debería pagar en los países donde tenga pensado invertir; parálisis institucional en presupuestos y el consejo judicial; exportaciones afectadas por el auge del nacionalismo arancelario…

En positivo se ha incrementado el salario mínimo que era una obligación pendiente; se han aprobado algunas leyes en favor de minorías, como los transexuales con Podemos; se ha creado una ayuda estatal directa a familias empobrecidas llamado ingreso vital… No obstante, casi todo lo anterior depende que la economía produzca, haya excedente presupuestario y éste se destine a causas sociales.

España necesita consensuar un Plan Macroeconómico de aquí a diez años para que cualquier gobierno que llegue a la Moncloa se centre en reducir la deuda y pagar los laudos (sólo los necesarios); fomentar masivamente la creación de PYMES ESPAÑOLAS (y buscar maneras [como leyes europeas] de que ninguna empresa extranjera los absorba) que ayuden a producir ESPAÑOL con ayudas específicas para éste tipo de organizaciones; aumentar el superávit comercial buscando socios no tradicionales a cambio de favores que permitan exportar con seguridad y sin aranceles; enfocar el problema del acoso laboral, escolar… endémico, y fomentar el transporte público contra el uso del vehículo…

Si España genera riqueza propia y consigue vender masivamente, mejorará el PIB nominal, y por tanto, habrá más riqueza para repartir en los presupuestos en forma de ayudas sociales y también de mejora de funcionarios e infraestructura (como el ejército, que necesita renovar equipación).

 Otro problema grave en España es la falta de libertad de expresión. Pese a ser un país democrático, el Gobierno de turno confunde SU pensamiento con la libertad de expresión, y quien no piense como él es censurado de muchas formas (leyes de violencia de género extralimitándose al amparar el prohibir estudios independientes de casos sociales; cierre de locales que permiten actuar a cómicos que no gustan al Gobierno nacional, regional o local; prohibir conciertos o no pagar a bandas que no gustan al Gobierno de turno…).

Si no hay delito, no hay proscrito. El Gobierno debe no caer en la tentación de usar la televisión pública o las leyes para hacer entrevistas torticeras y pactadas de antemano o prohibir con argumentaciones falsamente buenistas en pro de los desamparados (obviando que esas prohibiciones no se aplican a otros sujetos que sí violan los derechos de dichos y supuestos desamparados) que EL GOBIERNO CREE QUE LO SON en forma de decretos o leyes que censuran la libre expresión bajo un criterio falso de que ‘ofende a la víctima’. La víctima puede ser ofendida de muchas maneras y todas ellas son legales en España y ningún Gobierno lo tiene nunca en cuenta.

Que el Gobierno quiera imponer su VISION IDEOLÓGICA en los medios y leyes causa el efecto indeseado de que los españoles que no piensen como ellos busquen en canales no oficiales la información, al considerar la nacional totalmente sesgada. Ambos se equivocan; medios públicos sí, pero no sectarios.

Quedarían reformas como terminar con el modelo penitenciario de celda en pro de otro distinto y más humanizado, que debería incluirse en un Plan Social complementario al Macroeconómico; o asegurar las pensiones con mecanismos inviolables para que ningún gobernante que no cuente con el respaldo de dos tercios de la cámara pueda sacar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social absolutamente nada, por más excusas que quiera poner.

No se puede pagar un desaguisado con otro. Veinte mil millones del Fondo retirados por Rajoy en 2016 son el símbolo de la poca constancia en el ahorro que tenemos en España. Por más que se justifique para abonar las pagas de verano y navidad, ése dinero es un FONDO que debe destinarse EXCLUSIVAMENTE para el fin dispuesto.

No hablaré del FROB y del rescate europeo, que sólo trajo más deuda. Pero España necesita también mecanismos que detecten éste tipo de crisis a nivel internacional para, al menos, minimizar las pérdidas lo máximo posible.

Si hay que pedir prestado a Europa, y menos mal que existe el fondo de la COVID (buena gestión de Sánchez, por otra parte), que sea con criterios razonables de poder devolver el dinero a corto plazo.

España tiene que cambiar totalmente. Un Plan Macroeconómico junto con otros complementarios como uno Social debe ser debatido y aprobado a largo plazo en el Congreso. No decretos partidistas de gobierno; acciones parlamentarias estables que encaucen éste país por dónde debe venir y dirigirse.

Pero para eso Gobierno y oposición tienen que hablar largo y profundo… Y no parece que ahora sea el caso.

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